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El subdelegado del Consell en Elche deja el cargo tras firmar dos conselleras y siete diputadas del PP una reprobación impulsada por el PSPV
J. J. G / A. E.
El subdelegado del Consell en Elche, Manuel Ortuño, se puso ayer en contacto telefónico con el vicepresidente del Gobierno autonómico, Víctor Campos, para trasmitirle su decisión de renunciar al cargo. Campos informó ayer que el Consell tomará este viernes la decisión de aceptar la renuncia voluntaria de Ortuño, aunque no especificó los motivos por los que el subdelegado ha tomado la resolución de dejar el cargo.
La decisión del dirigente popular ilicitano se produjo apenas unas horas después de que dos conselleras, Alicia de Miguel (Bienestar Social) y Gema Amor (Cooperación), y siete diputadas del PP se rebelaran contra la dirección del grupo y del partido y firmaron un manifiesto elaborado por las parlamentarias socialistas y suscrito también por EU en el que se expresa la «más enérgica repulsa» a la actuación del subdelegado del Consell en Elche, Manuel Ortuño, condenado por insultar a su compañera y diputada nacional Enriqueta Seller, a la que en una asamblea local llamó «amiga» y «retrasada mental». El texto, que considera las «graves manifestaciones injuriosas y vejatorias» de Ortuño «violencia de género», es el mismo que las Cortes, con el apoyo del PP, avalaron en noviembre de 1999 para reprobar al entonces alcalde de Pego, Carlos Pascual.
El escrito destaca que es «de suma gravedad» la actitud de Ortuño por verter acusaciones «sexistas y discriminatorias» que suponen «un caso flagrante de violencia verbal y psíquica y que atentan contra la dignidad de las mujeres». Considera «inadmisible» que el subdelegado «no reconozca el principio constitucional de igualdad entre hombres y mujeres» cuando él, como poder público, tiene «la obligación de velar por esa igualdad y ser garante» de ella.
A las 10.10 horas, veinte minutos antes del inicio del pleno, la portavoz de la Mujer del PP, Elvira Suanzes, informó al síndic, Serafín Castellano, de que una parlamentaria del PSPV le había propuesto que se leyese una declaración institucional de condena a Ortuño. Castellano respondió que era muy precipitado y que no podía avalar la petición. Entonces solicitó una reunión urgente del grupo para debatir el asunto aunque el pleno se retrasara unos minutos, a lo que Castellano indicó que en todo caso sería para el pleno del día 27.
Nada más comenzar el pleno, el portavoz adjunto del PSPV Antoni Such pidió al presidente, Julio de España, la modificación del orden del día para que se leyera una declaración institucional sobre Ortuño. Pero De España rechazó la petición, a la que se adhirió EU, recordando que estas declaraciones deben venir consensuadas por todos los grupos.
Minutos después, mientras el hemiciclo asistía al plúmbeo debate sobre el Consejo Jurídico, un terremoto sacudió la bancada popular. Fue cuando la socialista Consuelo Catalá y después, Carmen Ninet, pasaron la declaración que habían transformado en manifiesto a todas las parlamentarias del PP para su firma. Y algunas lo sellaron, en medio del estupor de la dirección del grupo. La secretaria general, Adela Pedrosa, se levantó y, escaño a escaño, fue recriminando su actitud a las firmantes y a las que aún no lo habían hecho les advirtió de que, por más que se compartiera el fondo, no podían poner su rúbrica en un manifiesto contra un miembro del Gobierno.
Esther Franco -quien el lunes en el Consell de la Dona fue una de las que no suscribió la censura al subdelegado- se sumó al reproche a las firmantes. La discusión se extendió a numerosos diputados populares, entre ellos el vicesecretario del partido, Ricardo Costa. Todo ello en medio del hemiciclo, ante la mirada de toda la Cámara y el run-run del debate sobre el CJC. Las socialistas presentaron el escrito, que también selló Dolors Pérez, de EU, por registro para que la próxima junta de portavoces decida si en el pleno del 27 se lee como declaración institucional.
Todas las diputadas del PP que pusieron su rúbrica en el manifiesto de condena al subdelegado del Consell en Elche pertenecen al sector zaplanista del partido. De hecho, al margen de la gravedad de las declaraciones de Ortuño, la rebelión de las parlamentarias habría sido impensable sin la pugna interna entre los populares.
El manifiesto ha permitido acotar un poco más los apoyos del portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, ya que el documento no lo firmaron las diputadas próximas al síndic popular y zaplanista, Serafín Castellano. Las nueve que lo suscribieron se corresponden con el núcleo más fiel a Zaplana. Los campsistas acusaron en privado a las diputadas firmantes de haber pactado con el PSPV la estrategia. Es más, aseguraron que antes de que comenzara el pleno hubo una reunión en el despacho del presidente de las Cortes, Julio de España, entre éste, Elvira Suanzes y el vicepresidente Juan Manuel Cabot, de forma que luego en el pleno el presidente de la Cámara hizo el «teatro» de rechazar la petición socialista de tratar la declaración. Un supuesto teatro que de todos modos evidenció que el PP no apoyaba la condena a Ortuño.
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